En julio de 2011, a través de una Orden Comunicada de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia, se constituyó oficialmente una “Comisión de Expertos” para informar sobre la modificación del popular “Baremo de tráfico”.
En la comisión han estado presentes los principales interlocutores ligados a la seguridad vial en España como son las víctimas de accidentes de tráfico, representantes del mundo académico, la Fiscalía de Seguridad Vial, la Administración Pública, los abogados de responsabilidad civil, las aseguradoras… Los cuatro años de trabajo de la Comisión de Expertos han culminado en una propuesta de consenso para el Gobierno. El viernes 10 de abril el Consejo de Ministros aprobó la remisión a Cortes Generales del Proyecto de Ley para la Reforma del Sistema para la Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (“Baremo de Tráfico”), y una vez ya ha sido clasificado por el Congreso, la Comisión de Economía será la encargada de su tramitación parlamentaria. Es posible que esta norma entre en vigor el 1 de enero de 2016.
Este nuevo baremo ejercerá un servicio útil a la sociedad española en la resolución de reclamaciones por daños personales derivados de accidentes de circulación. Es una herramienta que ha demostrado ampliamente su utilidad desde que fuera concebida por primera vez a mediados de los años 90.
La reforma del baremo, permite dotar a la sociedad de un completo y actual sistema de valoración de los daños y perjuicios causados por los accidentes de circulación.
Hay que recordar, que cada año se tramitan más de 300.000 siniestros de autos con daños corporales en España, lo que supone un coste para el sector de más de 2.000 millones de euros al año.
Entre sus novedades destaca el incremento de las indemnizaciones, especialmente en caso de fallecimiento, que además pasa a tener en cuenta los diversos modelos de familia que existen en la actualidad. Por otra parte, en lo referido a los grandes lesionados, reconoce y valora el coste de los gastos emergentes asociados a las labores asistenciales que requerirán las víctimas de un accidente durante el resto de su vida. Además, incorpora el concepto de lucro cesante.
Todos estos cambios, permiten alcanzar una vertebración plena del sistema al separar las indemnizaciones de daño moral de las de daño patrimonial. El nuevo baremo tendrá como objetivo mantener las elevadas tasas de acuerdos amistosos actuales, beneficiando a las partes implicadas en un siniestro al clarificar los términos y acelerar los plazos para resolverlo. También será positivo para los jueces, ya que facilita la tarea de determinar la cuantía apropiada para indemnizar una lesión y, no menos importante, ahorra a los tribunales de Justicia una carga de trabajo ingente que puede resolverse por vía amistosa. Por último, el Baremo es positivo para las propias entidades aseguradoras porque permite liquidar con más rapidez los siniestros.
Hizo entrega del Premio el Rector de la Universidade de Santiago de Compostela D. Juan Viaño Rey y recibió D. Miquel Martín-Casals, Catedrático de Derecho Civil por la Universidad de Girona y Presidente de esta Comisión.
Durante el acto, también estuvieron presentes los miembros de la Comisión: Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa (Director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros), Manuel Mascaraque Montagut (Director del Área de Seguros Personal de Unespa), Luis Bermúdez Odriozola (Director de la asesoría jurídica corporativa de negocios de Mutua Madrileña) y los abogados José Pérez Tirado y Eugenia Domenech Moral (en representación de diferentes Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico) y Mariano Medina Crespo (Presidente del grupo de trabajo de la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguro-Seaida y de la Asociación de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro).